Me acabo de examinar del primer parcial de esta asignatura. En mi repaso de última hora me he encontrado una pregunta de exámenes de cursos anteriores que creo que da origen a interesantes paradojas a las que los filósofos somos tan aficionados. Se trata de la pregunta 2 del examen de febrero de 2009: “¿Pueden las preferencias individuales transitivas dar lugar a preferencias colectivas intransitivas? ¿Por qué?”. Esa cuestión no aparece en las Unidades Didácticas, pero creo que merece una reflexión de largo alcance.
La transitividad de las preferencias individuales es un presupuesto de la teoría de la elección racional. Para que el modelo de esta teoría funcione hay que suponer que las preferencias de los individuos tienen la propiedad de la transitividad, cosa que es bastante plausible: si un individuo prefiere “a” a “b” y prefiere “b” a “c”, entonces preferirá “a” a “c” (si a>b y b>c, entonces a>c).
Ahora viene la pregunta de si ese presupuesto es consistente con un resultado en el que las preferencias sociales no sean transitivas. La respuesta creo que tiene que ser afirmativa, al menos si consideramos que las preferencias sociales se configuran agregando las preferencias individuales. Supongamos una sociedad de 12 millones de ciudadanos en la que:
5 millones tienen el siguiente orden de preferencias: a>b>c.
4 millones tienen el siguiente orden de preferencias: b>c>a.
3 millones tienen el siguiente orden de preferencias: c>a>b.
En esa sociedad, si las decisiones se toman democráticamente, según las preferencias de los ciudadanos, nos encontramos que:
Para 8 millones de ciudadanos, a>b; y sólo para 4 millones b>a (los del grupo del medio, dada la transitividad de las preferencias individuales).
Para 9 millones de ciudadanos b>c; y sólo para 3 millones c>b.
Para 7 millones de ciudadanos c>a; y sólo para 5 millones a>c.
Si convertimos en preferencia social la preferencia de la mayoría (cambio, para representar la preferencia social, las minúsculas de las preferencias individuales por las mayúsuculas), A>B y B>C; pero, en virtud del último resultado, C>A. No hay, pues transitividad. Eso creo que acarrea unas curiosas consecuencias.
La teoría de la decisión (o elección) racional justifica el principio de transitividad de las preferencias individuales mediante la figura de la “bomba (de bombear) de dinero”. En efecto, supongamos un individuo cuyas preferencias no son transitivas. Supongamos que es coleccionista de arte y le gusta más Cézanne que Van Gogh; también le gusta Van Gogh más que Gauguin. La transitividad exigiría que, entonces, le gustara más Cézanne que Gauguin; pero como nuestro individuo carece de preferencias transitivas, resulta que le gusta más Gauguin que Cézanne. Eso lo convierte en una “bomba de dinero”. En efecto, supongamos que tiene en su casa un Gauguin; entonces un espabilado le ofrece cambiar su Gauguin por un Van Gogh, si le paga una cantidad pequeña, digamos un euro, a cambio. Nuestro individuo, dado que prefiere un Van Gogh a un Gauguin, aceptará sin dudar. Entonces nuestro espabilado sacacuartos le ofrece un Cézanne por el anterior Van Gogh a cambio de un euro; como nuestro hombre prefiere el Cézanne, aceptará de inmediato, pagando otro euro. Ahora nuestro espabilado bombeador de dinero le ofrece el primer Gauguin. Naturalmente, como nuestro intransitivo individuo prefiere el Gauguin al Cézanne, aceptará, pagando otro euro. Nuestro intransitivo amigo tiene ahora el mismo cuadro que al principio pero ha pagado tres euros. Si nuestro espabilado sacacuartos reitera el proceso innumerables veces, conseguirá arruinar al hombre de preferencias intransitivas. Se ve, pues, que la intransitividad de las preferencias es totalmente inviable. Nadie puede actuar así o acabará totalmente arruinado.
Pero, ¿qué ocurre con una sociedad de preferencias colectivas intransitivas? ¿No le ocurriría lo mismo, que podría acabar en la ruina? Ciertamente parece que sí.
Supongamos una sociedad con un esquema de preferencias no transitivas; y supongamos un político puro, un hombre cuyo único objetivo es tener cada vez más y más poder, es decir, manejar cada vez más y más recursos económicos dejando en manos de los particulares cada vez menos y menos recursos económicos, de forma que el político puede imponer sus valores (por disponer de los medios materiales para ello, cada vez más cuantiosos) a unos particulares cada vez menos capaces (por disminución de sus recursos y medios materiales) de decidir cómo quieren vivir la vida conforme a sus propios valores.
Cambiemos las letras por programas de gasto concreto, y a tal efecto nos puede servir a grandes rasgos el ejemplo que puse en el hilo de “Recortes en la ayuda al desarrollo”, y hagamos A=pensiones, B=seguridad nacional, y C=educación. Ciertamente habrá gente que, porque ya se acerca a la jubilación, preferirá que el Estado gaste más en pensiones, aunque reduzca el gasto en educación y cultura. Otros, por tener lejos la jubilación, pero teniendo hijos en edad escolar, preferirán lo contrario. Y otros, obsesionados por el peligro de ETA y Al Qaeda, o por el peligro que corren sus propiedades ante el incremento de la delincuencia, pondrán por encima de todo la seguridad nacional interior y exterior. De hecho, en las encuestas del CIS no todo el mundo coloca los problemas en el mismo orden.
Nuestro político demagogo y sin escrúpulos puede sacar mucho partido del sistema democrático del imperio de las mayorías. Dada la inveterada resistencia del gasto público a disminuir, propone que es fundamental y prioritario mejorar las pensiones, para lo que basta con un pequeño aumento de impuestos. Ocho millones de ciudadanos aprobarán la medida y mostrarán su adhesión al líder. Una vez conseguido ese aumento impositivo, el político invoca que es necesario subir los impuestos (poca cosa) para mejorar la seguridad nacional, aunque la educación quede igual. En ello recibe el apoyo de 9 millones de ciudadanos. Conseguido lo cual, se dirige de nuevo al pueblo exponiendo que no está bien que se hayan subido las pensiones dejando igual el gasto en educación, proponiendo una pequeña subida de impuestos para mejorar la educación sobre las pensiones, empeño en el que consigue el apoyo de 7 millones de ciudadanos (la mayoría, pues el total es de 12 millones). Una vez llegado a aquí puede reiniciar la rueda proponiendo aumentar (poca cosa, la verdad) un poco los impuestos para mejorar las pensiones, que han quedado minusvaloradas en el concierto del gasto público tras los recientes aumentos del gasto en seguridad y educación. Y así sucesivamente, hasta que la bomba de dinero de los contribuyentes se quede sin una gota, seca del todo.