Juan José R. Calaza, Andrés Fernandez Díaz, Joaquín Leguina y Guillermo de la Dehesa promueven un
manifiesto contra el confinamiento.
Es un documento que invita a la discusión ética.
Cito algunos pasajes del mismo:
Los abajo firmantes nos oponemos al confinamiento –por ineficaz, humillante, traumatizante y destructivo- y apelamos a la responsabilidad individual adoptando personalmente medidas de protección en orden al distanciamiento social aunque aconsejamos aplicar el poder coercitivo del Estado en cuanto a la obligatoriedad de mascarillas y guantes fuera del hogar.
Sorprende la visión cortoplacista y chapucera de medidas draconianas, tomadas en España, cuyos impactos económicos, familiares, penales, intelectuales, laborales, afectivos, físicos, síquicos, etc., debidos al confinamiento obligatorio, serán sin duda devastadores.
El confinamiento, desde el punto de vista de la administración judicial constituye “arresto domiciliario”, sin que en este caso previamente haya habido juicio ni sentencia, y es, por ende, una medida de dudosa legalidad adoptada brutal e irracionalmente, sin ningún tipo de base científica, pretextando proteger la vida de las personas mayores. Que, en realidad, quedan estigmatizadas ante la sociedad.
Las personas mayores quedan estigmatizadas ante la sociedad. Pronto los jóvenes los harán responsables de la hecatombe económica culpándoles de haberles bloqueado el futuro. España no podrá encajar dos crisis seguidas. Primero, epidémica; después, económica. El país quedará abatido hasta la melancolía enfermiza, noqueado por falta de perspectivas, hundido en el pesimismo nihilista.
Si en las guerras se pide a los jóvenes que den un paso al frente para defender la Patria, en la actual situación somos las personas mayores de 60 años las que decidimos asumir el sacrificio moral, y eventualmente vital, por los jóvenes y el resto de la población. Con todo, ello no justifica que las personas con baja esperanza de vida sean relegadas en urgencias: la persona sintomática grave que llega debe ser atendida antes que la siguiente. Incoherentemente, la discriminación contradice de lleno la finalidad del confinamiento: no se confina a la población para evitar el contagio a personas de menos de 60 años, con baja tasa de letalidad, sino con más de 60, que, por definición, tienen menor esperanza de vida. Ni cabe posponer la atención a una persona de 95 años, con baja esperanza de vida, en favor de otra de 65 con esperanza superior por su estado general de salud. La dignidad de la persona, de cualquier persona, no debe jerarquizarse por aplicación discriminatoria de discutibles criterios de eficacia utilitarista.